El Grupo Municipal Socialista de Santo Domingo de la Calzada ha expresado públicamente su preocupación por la falta de una ordenanza de terrazas en vigor en el municipio riojano a las puertas de la temporada de verano. A través de una nota de prensa, la formación denuncia una situación que considera “incomprensible” y que, a su juicio, está afectando tanto a la convivencia ciudadana como a la actividad económica local.
Según explican los socialistas, el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada arrastra desde hace años un proceso inacabado para regular la instalación y funcionamiento de terrazas hosteleras. A pesar de que el documento habría estado cerca de su aprobación tras un periodo de debate técnico y político, aseguran que el proyecto permanece paralizado sin explicaciones claras por parte del actual equipo de gobierno.
El grupo municipal subraya que esta ausencia normativa genera inseguridad jurídica entre los hosteleros, que no cuentan con reglas definidas para adaptar sus negocios, planificar inversiones o realizar cambios en sus establecimientos. “Muchos negocios necesitan conocer con claridad qué está permitido y qué no”, señalan.
Más allá del impacto económico, los socialistas enmarcan el problema en un debate más amplio sobre el modelo de ciudad. En este sentido, destacan la importancia de ordenar el espacio público para garantizar el equilibrio entre el desarrollo de la hostelería, el descanso vecinal y la experiencia de los visitantes.
Asimismo, comparan la situación con la de otros municipios cercanos que ya cuentan con normativas actualizadas, lo que —afirman— ha contribuido a mejorar la convivencia y la proyección turística de esas localidades.
Ante este escenario, el Grupo Municipal Socialista insta al equipo de gobierno a retomar de inmediato la tramitación de la ordenanza y a aprobarla sin más retrasos. Consideran que se trata de una “necesidad urgente” que requiere voluntad política y planificación para evitar que la ciudad siga perdiendo oportunidades.
La formación concluye defendiendo que la regulación del espacio público no supone una limitación, sino una herramienta para avanzar hacia una ciudad “más habitable, justa y atractiva” para vecinos, empresarios y visitantes.
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