La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada aprobará este viernes, 12 de junio, el expediente de contratación de las obras de derribo del inmueble situado en el número 28 de la calle Mayor, un edificio cuya situación ha generado preocupación vecinal durante años y que ha sido considerado uno de los principales problemas de seguridad existentes en el casco histórico de la ciudad.
La actuación, que contempla la demolición del inmueble manteniendo la fachada exterior por su valor patrimonial y su integración en el entorno histórico, contará con una inversión municipal de 135.090,74 euros. Las obras serán licitadas mediante procedimiento abierto simplificado, un paso que permitirá avanzar hacia la adjudicación de los trabajos en las próximas semanas.
Una intervención asumida por el Ayuntamiento ante la inacción de los propietarios
Según ha explicado el alcalde de Santo Domingo de la Calzada, Raúl Riaño García, la intervención municipal ha sido necesaria tras el incumplimiento de las obligaciones legales por parte de la propiedad del edificio.
Después de que el inmueble fuera declarado en ruina y se ordenara su derribo, los propietarios no ejecutaron las actuaciones exigidas, lo que obligó al Ayuntamiento a iniciar un procedimiento de ejecución subsidiaria. Esta figura legal permite a la administración actuar directamente cuando los responsables de una actuación no cumplen con sus obligaciones, repercutiendo posteriormente los costes correspondientes.
Desde el Consistorio se subraya que esta situación obligó a asumir una responsabilidad que inicialmente no correspondía a la administración municipal, pero que resultaba imprescindible para garantizar la seguridad de vecinos, peatones y visitantes que transitan diariamente por esta céntrica vía de la ciudad.
Un expediente complejo y prolongado en el tiempo
El equipo de Gobierno destaca que la solución de este problema ha requerido una larga y compleja tramitación administrativa y técnica.
Durante los últimos años se han llevado a cabo numerosos procedimientos, entre ellos la tramitación urbanística necesaria, la redacción del proyecto técnico de derribo, la aprobación de la documentación correspondiente, la obtención de los informes sectoriales preceptivos y la habilitación de la financiación necesaria para afrontar la actuación.
Todo este proceso, según señala el Ayuntamiento, era imprescindible para garantizar que la intervención pudiera ejecutarse con plena seguridad jurídica y cumpliendo todos los requisitos establecidos por la normativa vigente.
La aprobación del expediente de contratación supone ahora un paso decisivo que permitirá sacar a licitación las obras y avanzar hacia una solución definitiva para un problema que afecta a una de las principales arterias del casco histórico calceatense y al propio trazado del Camino de Santiago a su paso por la ciudad.
Respuesta a las críticas de la oposición
La nota difundida por la Alcaldía también incluye una valoración política sobre las críticas formuladas en los últimos meses por algunos grupos de la oposición respecto a la gestión de este expediente.
El Ayuntamiento reconoce que existe una preocupación compartida por todos los grupos políticos en relación con el estado del inmueble, pero considera que determinadas críticas no tienen en cuenta la complejidad jurídica y técnica del procedimiento.
En este sentido, el equipo de Gobierno sostiene que algunas iniciativas planteadas recientemente, como la convocatoria de plenos extraordinarios, la exigencia de responsabilidades o los plazos de quince días para resolver la situación, responden más a una estrategia de confrontación política que a una verdadera voluntad de colaboración.
Según el alcalde, mientras se producían declaraciones públicas y debates políticos sobre el asunto, los servicios municipales han continuado trabajando en la elaboración del proyecto, la aprobación de la documentación técnica, la búsqueda de financiación y la culminación de todos los trámites necesarios para poder ejecutar finalmente la actuación.
Recuperar la normalidad en la calle Mayor
Desde el Consistorio se insiste en que la prioridad ha sido siempre garantizar la seguridad de los ciudadanos y recuperar la normalidad en una de las calles más emblemáticas de Santo Domingo de la Calzada.
La calle Mayor constituye uno de los principales ejes urbanos del municipio, además de formar parte del recorrido jacobeo, por lo que la situación del inmueble llevaba tiempo generando inquietud tanto entre residentes como entre comerciantes y visitantes.
El equipo de Gobierno considera que la aprobación del expediente de contratación representa un avance muy importante para mejorar la seguridad del entorno, resolver una situación enquistada desde hace años y continuar con las políticas de conservación y revitalización del casco histórico.
“Los vecinos necesitan soluciones”
El alcalde, Raúl Riaño García, ha defendido el trabajo realizado por el Ayuntamiento durante toda la tramitación y ha asegurado que la ciudadanía demanda resultados efectivos más que confrontación política.
“Los vecinos no necesitan ultimátum ni amenazas; necesitan soluciones. Y hoy podemos decir que esa solución está más cerca gracias al trabajo serio, discreto y constante realizado por los servicios municipales y por este equipo de Gobierno”, afirma el regidor en la nota de prensa.
Con la aprobación prevista para este viernes, el Ayuntamiento confía en que el proceso de licitación pueda desarrollarse con rapidez y que las obras de derribo del inmueble de la calle Mayor 28 comiencen en los próximos meses, poniendo fin a una situación que se prolongaba desde hace demasiado tiempo y que había generado una creciente preocupación en el entorno del casco histórico calceatense.
Quiere recordar que un expediente de esta magnitud no se elabora en quince días ni responde a ultimátum de ningún grupo político. Se trata de un procedimiento complejo que requiere meses de trabajo técnico y administrativo, coordinación entre distintos departamentos y el cumplimiento de todos los trámites legales preceptivos.
En este caso concreto, el expediente se encuentra abierto desde febrero de 2026 y ha contado con un importante trabajo previo por parte de los servicios municipales y del equipo de gobierno. De hecho, cuando el señor Barrón realizó sus declaraciones públicas estableciendo un plazo de quince días, el expediente ya había sido remitido a la Junta de Gobierno para su aprobación.
Por tanto, resulta evidente que las actuaciones emprendidas no obedecen a ninguna presión externa ni a requerimientos de última hora, sino a una planificación y gestión que venía desarrollándose desde meses atrás. Todo apunta a que, en esta ocasión, la información trasladada al señor Barrón llegó de forma tardía o incompleta, circunstancia que le llevó a presentar como una iniciativa propia un procedimiento que ya se encontraba en una fase avanzada de tramitación.
Confiamos en que, en futuras ocasiones, disponga de información más actualizada sobre las actuaciones que desarrolla este equipo de gobierno, evitando así interpretaciones alejadas de la realidad de los hechos.
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